¿Hay desahucios en Cuba?
por Laura Valdés
Cuando escuches hablar de Cuba pon toda tu atención porque seguramente sea una buena historia. Pero no creas todo lo que cuentan. Mil versiones de un país fragmentado entre los que se fueron y los que se quedaron conducen a una realidad zigzagueante de mitos, falsas verdades. Mi opinión también está polarizada. Las anécdotas de mi abuelo fueron el primer abono para aferrarme a la Cuba que hoy conozco. “Como la revolución, nada”, me repetía hasta el cansancio; y yo me perdía en el escenario distópico de su niñez amarga. Mi abuelo nació en 1941 y tenía 18 años cuando los rebeldes llegaron al poder. Hasta entonces era analfabeto y dormía en el banco de cualquier parque de la capital habanera. Justo el 1ro de enero de 1959, con el ruido de los disparos y la algarabía de la gente, despuntaba su ilusión por aprender a leer y entender el inglés que hablaban en las películas.
La historia de mi abuelo no es un caso aislado. Al ser Cuba el patio de recreo de los norteamericanos, el gobierno de turno apartaba la vista a los derechos mínimos vitales de las personas. Ya en 1953 el entonces abogado Fidel Castro plasmaba -durante su juicio por el asalto al cuartel Moncada- un programa que el gobierno revolucionario tendría como prioridad tras el triunfo definitivo. Entre los seis problemas que denunciaba estaban la salud pública, la educación, la industrialización, el desempleo, la tierra y la vivienda.
Justamente el fondo habitacional constituía la dificultad social más urgente que enfrentaba la isla cuando la revolución llegó al poder. Antes de 1959 el 74,5 por ciento de los domicilios habaneros no pertenecían a quienes los habitaban, sino a pequeños y grandes arrendatarios. Medidas incipientes como frenar procesos de desalojo y demandas de desahucios, así como determinar precios máximos de los alquileres, minimizaron dificultades. No obstante, la solución definitiva llegó con la Ley de Reforma Urbana aprobada en 1960. Con esta iniciativa quienes vivían alquilados se convirtieron legalmente en propietarios de las viviendas que habitaban.
¿Qué pasó con los arrendatarios? La alternativa más viable fue que el gobierno indemnizara a los antiguos propietarios según el año de construcción y monto del alquiler de la vivienda perdida. Así mismo, se decretó la eliminación y prohibición de todos los gravámenes hipotecarios sobre inmuebles urbanos y quedó abolida la institución legal del alquiler de viviendas y toda forma de alquiler entre particulares.
Entender este contexto de los primeros años revolucionarios explica el por qué en Cuba la palabra desahucio no está incluida dentro de ningún marco regulatorio y, por consiguiente, no existe en la cultura popular. A cualquier cubano que le preguntes te responderá: “a mí nadie puede echarme de mi casa”.
En la actualidad no existen inmuebles asegurados por hipotecas ni en forma de créditos de consumo para la construcción y rehabilitación por esfuerzo propio. En el caso de las viviendas construidas o asignadas por el estado se conceden préstamos de adquisición con un plazo de vencimiento de entre 10 y 20 años. Respecto a los alquileres, tras una modificación de leyes en 2018, los propietarios pueden arrendar sus viviendas, habitaciones y espacios mediante precio libremente concertado y previa autorización.
Lastimosamente el fondo habitacional cubano continúa siendo una tarea pendiente para la directiva del país. Aunque 2,7 millones de viviendas fueron construidas después de 1959, con la caída del campo socialista y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense se paralizó la entrada de materiales y fuerza industrial para el impulso de una producción nacional. A partir de los años 90, al declive en la edificación de viviendas se sumó la devastación de fenómenos climáticos. Solamente en 2008 los huracanes dañaron más de 440 mil hogares, de los cuales unos 60 mil fueron derrumbes totales. Ninguna de las personas damnificadas quedó en la calle. El modus operandi en estas situaciones extremas es la movilidad hacia albergues y domicilios temporales y la posterior entrega de apartamentos a los grupos vulnerables.
La nueva constitución cubana aprobada en 2019 bajo referéndum popular establece en su artículo 71 que todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. Aunque resolver esta problemática forma parte de las directrices principales del gobierno, hasta la fecha más de un tercio de las viviendas está en regular y mal estado. No obstante, por las noches, nadie queda en la calle.
¿Hasta qué punto es necesario que en el capitalismo la vivienda sea entendida como un derecho básico fundamental y no como un bien de consumo? Mientras crece el número de personas que no puede hacer frente al pago mensual y continúa el mercadeo de pisos cerrados en las ciudades, la voz de los minorizados se vuelve un hilo ante la de omnipotentes propietarios. Puede asegurarse desde Europa el fracaso del socialismo, sin embargo, el socialismo cubano ahí está, bregando para que la Cuba dura de 1959 no se repita en la historia.