Por CEAR

Laucling Sonko, de 29 años, fue arrojado al mar, junto a otras tres personas, también potenciales solicitantes de asilo y de protección internacional, en la noche del 25 al 26 de septiembre de 2007 por agentes de la Guardia Civil. Tras ser interceptados por una patrullera de la Guardia Civil cuando trataban de llegar a nado a Ceuta, fueron subidos a bordo y trasladados a aguas marroquíes, donde los agentes pincharon sus salvavidas y les obligaron a arrojarse al mar. Sonko, que no sabía nadar, murió ahogado.

La reciente decisión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas sobre este caso, declarando responsable al Estado español de trato cruel, inhumano y degradante, vejatorio de la dignidad personal y peligroso para la vida humana, pone en evidencia la falta de celo de nuestro Estado en el cumplimiento de la legalidad nacional e internacional en materia de derechos humanos y de acceso al derecho de asilo.

Los miembros de la Guardia Civil vulneraron el procedimiento de denegación de entrada a territorio español establecido en la Ley de Extranjería, que obliga a llevar ante un instructor a la persona interceptada y a ejercer su derecho a la tutela judicial, e imposibilitó, de esta forma, la oportunidad de solicitar protección internacional a Sonko y sus compañeros.

La Guardia Civil, en estos casos, está obligada a garantizar la seguridad de las personas interceptadas, siendo responsables de su integridad y debiendo dispensar un trato conforme a la normativa internacional de derechos humanos. Sin embargo, el trato recibido por Sonko supone una clara violación del artículo 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Según la resolución, el Estado español vulneró el artículo 12 de la Convención contra la Tortura al negar su competencia para investigar los hechos por considerar que se produjeron en aguas territoriales marroquíes, obviando que Sonko se encontraba bajo el control efectivo de las autoridades españolas cuando se produjo el trágico desenlace. El Comité contra la Tortura, en su resolución, recuerda “que la obligación de investigar indicios de malos tratos tiene carácter absoluto en la Convención y recae en el Estado”.

Fue la imposibilidad de investigar los hechos por parte de la justicia española al declararse no competente en este caso, lo que motivó a CEAR a recurrir al Comité contra la Tortura de la ONU en representación de la familia de Sonko.

Ante esta situación, CEAR celebra la decisión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y reclama al Gobierno que:

1-) Vele por el efectivo cumplimiento de la legalidad nacional e internacional por parte de las fuerzas de seguridad del Estado;

2-) Garantice el acceso al procedimiento de asilo de las personas extranjeras que intentan acceder al territorio español;

3-) Promueva a través de la Fiscalía General del Estado la investigación de los hechos y persiga y condene a los responsables, para dar así cumplimiento a lo dispuesto por el Comité contra la Tortura;

4-) Indemnice adecuadamente a la familia de Laucling Sonko y garantice su derecho a una reparación integral.

CEAR también quiere denunciar que este tipo de hechos son consecuencia de una política migratoria obsesionada con el control de las fronteras españolas. Políticas que están primando sobre cualquier consideración de tipo humanitario y de respeto a los derechos humanos en aras a una supuesta eficacia en la lucha contra la inmigración irregular, lo que está provocando situaciones de riesgo y vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas en las fronteras marítimas y terrestres del sur de nuestro país.